A la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Asunto: Estado Español Ley Orgánica 13/2007 de 19 de Noviembre que equipara la inmigración irregular con el genocidio, el terrorismo y el tráfico forzado para la esclavitud, la venta de personas, y la explotación sexual. Violación del artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y del artículo 14-1 en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.
Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Asunto: Estado Español Ley Orgánica 13/2007 de 19 de Noviembre que equipara la inmigración irregular con el genocidio, el terrorismo y el tráfico forzado para la esclavitud, la venta de personas, y la explotación sexual. Violación del artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio y del artículo 14-1 en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.
La Ley permite perseguir extraterritorialmente la inmigración clandestina, considerándola como un tipo de criminalidad transnacional y equipara penalmente el ejercicio de la libertad de desplazamiento (amparado por la Declaración universal de los Derechos Humanos) al tráfico de drogas, al genocidio, al terrorismo y al tráfico de personas destinado a la venta de las mismas, la esclavitud y la explotación sexual para los que hasta ahora tenía razón de ser exclusiva la persecución universal.
La Ley 13/2007 que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el sentido de considerar competente a la jurisdicción española para conocer – y a la policía para intervenir - hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como “Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, sean o no trabajadores”.
Este tipo de “delito” añadido, será aplicable por ejemplo a pateras o cayucos interceptados antes de llegar a las costas españolas.
La Ley equipara el esclavismo y coacción que conforma al conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos, con la inmigración irregular o “sin papeles” para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente, apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo a las mismas.
Desconoce que la inmensa mayoría de los inmigrantes “sin papeles” y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados a hacerlo, ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.
Ciertamente la salida y el transporte o viaje en tales medios, no en aviones o autobuses, constituyen modos irregulares de transporte-viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son los propios inmigrantes quienes construyen o compran sus embarcaciones, mediante aportaciones colectivas de diversa índole, y son los propios inmigrantes quienes con rudimentarios conocimientos de navegación, y el auxilio de los instrumentos de navegación G.P.S. tratan de alcanzar las costas europeas.
Por ello, el falso discurso de las “mafias” como nuevos esclavistas de la coacción, la amenaza y el chantaje, no solo se articula de modo rigurosamente falso, sino que se presenta como coartada populista para justificar ante la opinión pública el autoritarismo y la represión.
La identificación entre inmigración “sin papeles” y el “tráfico ilegal de seres humanos”, busca la asimilación del inmigrante irregular al delincuente.
Se presenta, de modo descarnado la autoritaria concepción del Derecho Penal del Enemigo, aplicada a la inmigración irregular.
Lamentablemente una gran mayoría de medios de comunicación, se han creído la coartada y de modo irresponsable o deliberadamente, han contribuido a la intensificación de la seudo-cultura del miedo y a la confusión en partes importantes de la ciudadanía, mediante la infundiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular.
La burda coartada para imponer el derecho penal más allá de las fronteras y mares territoriales, para así poder actuar impunemente en aguas internacionales y en aguas de soberanía de otros países, consiste en aplicar a la simple inmigración irregular las reglas del tráfico ilegal de seres humanos y convertirla en un delito de persecución universal.
Como en aguas internacionales impera la regla del Derecho Internacional Público de Libertad de Navegación, y como en aguas territoriales de otros países la de la propia soberanía, se trata de salvar tales obstáculos para así poder actuar de policía-gendarme global, y capturar las embarcaciones tanto en aguas internacionales como de soberanía de otros países.
Desde hace más de dos años, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, ya están violando reglas básicas del Derecho Internacional Público y actuando en aguas internaciones y de soberanía de terceros países para así interceptar y capturar a los inmigrantes irregulares.
Si se les intercepta y captura no lejos de los límites de las aguas españolas se les traslada a territorio español, y si lo son en zonas lejanas se les traslada a países que, como Senegal, Marruecos y Mauritania, se han plegado a los chantajes y chalaneos del gobierno español donde a su vez se les retorna al país que arbitrariamente se decida o simplemente se les abandona en zonas desérticas.
Tales prácticas no solo suponen violación de reglas elementales del Derecho Internacional Público, sino que constituyen una palmaria violación del artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio.
A su vez se viola el artículo 14-1 de la Declaración Universal en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.
De este modo, ha ocurrido que muchos africanos se han visto impedidos tan siquiera de solicitar asilo al ser devueltos o bien a su país de origen o bien a terceros países.
Es, cuando menos, sarcástico el Proyecto de Ley cuando dice que “resulta difícil dar el necesario trato digno a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos humanos” y precisamente con las medidas que propone se les está impidiendo por la fuerza ejercer esos derechos.
Se argumenta que día a día los inmigrantes ponen en peligro su vida y su seguridad obligados por “grupos delictivos organizados”, lo que implica desconocer las causas que motivan la inmigración y descalifica evidentemente la Ley. Y pretende ignorar que es el acoso y las trabas en las rutas marítimas lo que produce es un aumento de muertes y sufrimiento. La realidad muestra que el efecto disuasorio que dice perseguir no es tal, y tan solo incrementa los padecimientos y el número de personas fallecidas.
En lugar de penalizar la inmigración clandestina igualándola al tráfico de personas, lo lógico sería penalizar a quienes obligan a los inmigrantes a permanecer en la clandestinidad, en la sombra de la ciudadanía, negándoles el reconocimiento de su identidad jurídica y sus derechos como persona que en última instancia solo ha cometido una falta administrativa.
Por otra parte, y como la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas sino a lo sumo de favorecimiento de la inmigración irregular, la Ley asimila el simple transporte irregular al delito de tráfico ilegal de seres humanos
Las organizaciones que trabajamos en la defensa de los Derechos Humanos, llevamos tiempo denunciando que la legislación y las políticas de Inmigración del Estado Español (y también de la Unión Europea) desconocen el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Las personas inmigrantes son, en su mayor parte, las víctimas de las consecuencias de las políticas neoliberales, de conflictos bélicos, de catástrofes medioambientales, etc.; luchar contra las personas que migran en lugar de contra las causas que les empujan a ello es inmoral e injusto.
Pero incluso aunque no existieran esas causas, el ser humano tiene derechos inalienables como tal, reconocidos en la Declaración Universal, entre ellos el de libre circulación. estos derechos son de las personas, de todas, y las Legislaciones y las Instituciones tienen el deber de reconocerlos y protegerlos.
En base a cuanto se argumenta, fruto de una consideración garantista y de aplicación efectiva y no retórica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y Pactos internacionales de 1966, las organizaciones firmantes solicitamos la intervención de esa institución para evitar la violación de los Derechos Humanos que supone la Ley 13/2007.
