Campaña por la regularización, los derechos humanos y la ciudadanía de residenciaEl 16 de Junio del 2004 fueron entregadas en el Congreso de los Diputados cerca de 50.000 firmas apoyando la campaña
Presentación de la campañaEn un primer momento la campaña se ha lanzado con el respaldo de mas de cien organizaciones en todo el estado español. Entre otras, se encuentran la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, Andalucía Acoge, Red Acoge, Red Ciudadana para la Igualdad (Madrid), Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes de Valencia, Federación estatal de SOS Racismo, Médicos del Mundo, Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Confederación de STEs-Intersindical , Plataforma Desobedecer la Ley de Murcia, APDH de Melilla, etc...
Esta campaña se centra en la exigencia de la regularización del aproximadamente un millón de inmigrantes sin papeles, así como en los derechos de ciudadanía. Junto a ello, se incluye la exigencia de un cambio de 180 grados en las políticas de extranjería. Políticas que durante los últimos cuatro años de mayoría absoluta del PP se han ido reflejando en los sucesivos endurecimientos y recortes legales que han sufrido los derechos de los inmigrantes.
Parece por tanto que, desde una óptica inclusiva y de respeto a derechos fundamentales de las personas, se debe proceder a la reconsideración global de esas políticas.
A lo largo de los últimos meses, en distintos lugares del Estado se han producido diversas iniciativas a raíz de la última reforma de la Ley de Extranjería en la que han participado organizaciones solidarias de todo tipo, plataformas y redes, sindicatos, entidades ciudadanas, iglesia.... Se trata de iniciativas todas ellas positivas, en las que de u otra forma hemos participado todos.
Recogiendo por tanto buena parte de lo hecho, creemos que es imprescindible continuar con la exigencia de la regularización de todos los indocumentados, que son hoy el sector mas vulnerable y que padece en mayor medida una políticas migratorias cuyo norte es el “dios” mercado y que olvida conscientemente al ser humano.
Pero, al mismo tiempo creemos importante reivindicar los derechos de ciudadanía, haciendo radicar la condición de ciudadano en la de residente en lugar de la de nacional.
En este sentido nuestra propuesta es sumarnos a la campaña por la ciudadanía de residencia que un amplio abanico de organizaciones sociales de toda Europa ha puesto en marcha bajo el lema “Un millón de firmas para la ciudadanía” (
http://www.fidh-ae.org/petition_fr.htm).
No es difícil, a nuestro entender, ligar ambas ideas fuerza: sería un paso extraordinariamente importante radicar la condición de ciudadano en la de residente, en lugar de la de nacional; pero para ello hay que comenzar por hacer asequible esa condición de residente, es decir romper el círculo vicioso de la irregularidad cuyo fundamento (junto a la existencia de una amplia economía sumergida) es la muralla hoy infranqueable que supone la ley de extranjería (y la normativa de extranjería en su conjunto) para poder ejercer el derecho fundamental de las personas a la emigración.
La campaña va a estar centrada en la recogida de firmas, tanto de asociaciones y entidades como a nivel individual. En torno a esta recogida de firmas se organizarán actividades en las localidades o comunidades donde se desarrolle la campaña por parte de los colectivos que la impulsan en cada una de ellas.
Finalmente todas las firmas serán entregadas en torno a la fecha de las elecciones europeas (13 de junio) en el Congreso de los Diputados
Rogamos la difusión de la campaña y el apoyo recogiendo firmas
Justificación
POR LA REGULARIZACIÓN.
POR LOS DERECHOS HUMANOS
POR LA CIUDADANIA DE RESIDENCIA
Las migraciones han sido un hecho social constante en la historia de la humanidad, contribuyendo a la riqueza económica y cultural de las sociedades en las que se han integrado. En España, como en el resto de Europa, las personas inmigrantes, tengan o no permiso de residencia, suponen una importantísima contribución social, cultural, económica y demográfica al futuro común.
Sin embargo, en pleno siglo XXI, estas personas que, en muchos casos, llevan varios años viviendo en los países europeos, trabajando y pagando sus impuestos, contribuyendo a la construcción de la comunidad social y política de nuestras ciudades, no han conseguido superar la frontera que les considera personas de "segunda categoría".
A estos hombres y mujeres se les niega la ciudadanía y, por tanto, el acceso a los derechos en igualdad de condiciones que los nacionales, y la capacidad de participar en los asuntos públicos que a todos afectan. El propio proyecto de Constitución Europea, al recoger que será ciudadano de la UE "toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro", excluye de la ciudadanía a mas de 15 millones de personas naturales de terceros países.
Los tres pilares básicos de la ciudadanía europea son los derechos civiles (el Estado de Derecho), los derechos sociales (el Estado del Bienestar) y los derechos políticos (el Estado Democrático). Cuando se niegan estos derechos a las personas inmigrantes, cuando no se contemplan mecanismos de promoción social y de participación política, se les está relegando a una situación de inferioridad jurídica que genera marginación social y da lugar a reacciones xenófobas entre la población autóctona.
Es necesario superar esa situación injusta y generadora de conflictos. Es necesario avanzar en la ciudadanía, entendida como sentido de pertenencia a la comunidad, rompiendo con la visión instrumental de la inmigración que sólo tiene en cuenta los intereses del mercado de trabajo y que contempla su presencia como algo provisional.
Esa pertenencia a la comunidad implica ser sujetos de derechos y deberes, con plena participación en la vida social, política, económica y cultural del lugar donde se reside. Por ello creemos imprescindible que la ciudadanía europea esté asociada a la residencia estable en los países de la UE, y no a la nacionalidad.
Pero, junto a esto, hay otra cuestión que es incluso más urgente: hacer asequible la condición de residente para cientos de miles de personas que hoy no tienen ni siquiera esa posibilidad. La situación de irregularidad de cientos de miles de inmigrantes es el más grave problema al que debe enfrentarse la política migratoria en España.
Se ha convertido ya, además, en un factor estructural, originado en primer lugar por la propia normativa de extranjería, que imposibilita en la práctica el ejercicio legal del derecho humano a la emigración. Y en segundo lugar por las características de la economía española, en la que el sector sumergido supera el 30% y demanda una mano de obra sin derechos y de bajo coste.
Las últimas reformas de la Ley de Extranjería, lejos de actuar sobre esas causas, no han hecho más que agravar las condiciones para estas personas que, supuestamente, no pueden ni siquiera trabajar en esa economía irregular y sumergida. Además, la lentitud de la Administración en la renovación de permisos, las enormes trabas burocráticas y las altas dosis de arbitrariedad, provocan que muchos inmigrantes que tuvieron permiso de residencia no puedan renovarlo y vuelvan otra vez a la irregularidad.
Estas personas se encuentran sin salida alguna. No se les reconoce ni el derecho a existir, ignoradas por la Administración para todo excepto para ser perseguidos. Condenadas a la clandestinidad y a la marginación, privadas de derechos, son presa de los explotadores. Y a ello se une el miedo constante a la policía, a verse expulsadas, a vivir escondidas. Las situaciones de angustia, que llevan a trastornos mentales, empiezan ya a aparecer.
A comienzos del siglo XXI los Derechos Humanos han encontrado una nueva frontera que es preciso derribar: se trata de que las personas inmigrantes tengan "derecho a tener derechos". Y para ello es urgente establecer algún mecanismo estable y razonable que permita la regularización de los inmigrantes "sin papeles" que se encuentran viviendo de forma estable en España.
Por todo lo dicho, los colectivos, entidades, plataformas y redes que a nivel estatal nos hemos adherido a esta campaña os pedimos también la adhesión a la misma.
Texto para la recogida de firmas y adhesión a la campaña
Ante una Ley de extranjería que impide la normalización administrativa, laboral y social de cientos de miles de inmigrantes que residen en el Estado Español y los condena a vivir en la irregularidad, las personas y organizaciones abajo firmantes solicitamos que se abra un proceso inmediato de regularización que permita la obtención del permiso de residencia y trabajo a todas estas personas.
Al mismo tiempo, y en el convencimiento de que la ciudadanía no puede convertirse en un factor de exclusión de los derechos humanos sociales, civiles y políticos, pedimos que se considere ciudadano europeo, además del nacional de un estado miembro, a toda persona residente en el ámbito de la Unión. Lo que, haciendo uso del derecho de iniciativa, pedimos que se incorpore a la Constitución Europea.
Creemos por ello que es imprescindible la reconsideración global de la actual ley de Extranjería y de la política de extranjería en su conjunto diseñada hasta el momento por el PP. Imprescindible para avanzar en el respecto de los derechos humanos, en la inclusión y en la convivencia. Imprescindible también para abordar con sentido común y de forma democrática el fenómeno migratorio que forma parte ya de la realidad de nuestras sociedades.
Hacemos estas peticiones desde la convicción racional y ética de la universalidad de los derechos humanos, la igualdad de derechos de todas las personas independientemente de su origen nacional y el firme convencimiento de que una sociedad que discrimina se degrada y envilece a si misma y propicia los conflictos sociales.
