PROTOCOLO DE EXPULSIONES DE INMIGRANTES:
ARBITRARIEDAD, IMPUNIDAD Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
El reciente homicidio de un inmigrante, a consecuencia de la asfixia producida por la brutal actuación de varios agentes de policía, que lo ataron y amordazaron en el curso de un vuelo para su expulsión, impidiendo su normal respiración y desencadenando una angustia insoportable en la víctima, ha venido a poner de relieve las prácticas policiales de violencia establecidas habitualmente en los llamados “vuelos de repatriación o expulsión” y mantenidas en secreto dentro de los aviones contratados para los “viajes de expulsión”.
Ante las críticas emanadas de la opinión pública y distintos medios de comunicación, diversas cofradías policiales han reclamado del Ministerio del Interior la confección y aprobación de un “Protocolo” que venga a legitimar sus inhumanas formas de actuación en las expulsiones de inmigrantes, exigiendo garantías de impunidad y el visto bueno a la arbitrariedad.
Para satisfacer tan miserables peticiones, la Dirección General de la Policía ha elaborado un denominado “Protocolo de Repatriación” que conforma un acabado elenco de prácticas brutales de actuación, y constituye un refinado instrumento para la impune violación de Derechos Humanos básicos.
Desde el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), queremos manifestar nuestra protesta y expresar nuestra indignación, por las siguientes razones:
PRIMERA: “El Protocolo de Repatriación” desconoce deliberadamente que una de las bases del “trato justo” a las personas radica en el reconocimiento y respeto absoluto de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos.
SEGUNDA: “El Protocolo” comporta un elenco de actos de barbarie ultrajante aplicables al ser humano y constituye un paradigma de menosprecio a los Derechos Humanos, ya que las prácticas aprobadas resultan devastadoras para la dignidad y el valor esencial de las personas.
TERCERA: “El Protocolo” atenta directamente a la dignidad de los seres humanos, reconocida en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y configura un conjunto de prácticas torturantes, crueles, inhumanas y degradantes, con abierta violación del Artículo 5 de la indicada Declaración Universal y del Artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que obliga a que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.
CUARTA: “El Protocolo” viene a dejar vacío el Articulo 10-1 de la Constitución Española, en tanto que viene a ignorar que la dignidad de las personas y los derechos inviolables que le son inherentes constituyen un principio y valor constitucional básico, y es una clara vulneración del Artículo 15 del mismo texto constitucional, al posibilitar prácticas atentatorias a la integridad moral y constitutivas de tratamientos inhumanos y degradantes.
QUINTA: “El Protocolo” ignora que toda detención debe practicarse en la forma que menos perjudique a la persona detenida, ya que las “prácticas” policiales aprobadas en el mismo parten del uso indiscriminado de métodos humillantes y vejatorios, por lo que las “pautas policiales de actuación” resultan por si mismas provocadoras de humillaciones y envilecimientos degradantes, generadoras de sufrimientos y patentemente atentatorias a la dignidad moral de las personas.
SEXTA: “El Protocolo” consagra, y da por buenas, la generalización de prácticas abusivas y arbitrarias, que entrañan esencialmente violencia física y moral, y aparejan la desprotección y falta de respeto efectivo al trato humano para la dignidad de las personas.
SEPTIMA: “El Protocolo” viola los Principios elementales de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, consagrando la arbitrariedad policial como regla general de actuación.
El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos quiere resaltar que “El Protocolo” supone una clara usurpación, por parte del Ministerio del Interior, de las funciones del Parlamento, evitando que el Congreso de Diputados, mediante Ley Orgánica, pueda entrar a regular una materia que afecta directamente a los Derechos Humanos Fundamentales de las personas.
En efecto, “la práctica” generalizable, por sistemática, de realizar el embarque en los aviones de todas las personas a expulsar, conduciéndolas atadas con “lazos de seguridad” a plena vista del público, pasajeros y tripulación, constituye una actuación inadmisible. Lo mismo ocurre con la utilización de “grilletes metálicos”, “capuchas” y “cascos”, “correas de sujeción” y “camisas de fuerza”.
Por otra parte la calificación como “peligroso” de un ser humano sometido a expulsión, se deja a la arbitrariedad de los agentes policiales de turno, sin que el concepto de “peligroso” venga determinado por norma legal alguna.
Para mayor pretendida eficacia, “El Protocolo” considera necesario el “servicio” de agentes policiales expertos en “artes marciales”, cuando lo procedente sería la enseñanza, educación y respeto a los Derechos Humanos para asegurar un tratamiento justo y humano.
De especial barbarie resulta la regla de actuación referida a los expulsados “con sus ropas llenas de excrementos”, ya que por tal situación se les considerará como “violentos” y serán vestidos a la fuerza con un “mono”.
En suma mediante un “Protocolo”, carente del valor de norma jurídica, se hurtan al Parlamento las facultades de legislación previstas en la Constitución Española, con lo cual la Dirección General de la Policía se autoproclama legislador ordinario y orgánico, evitando el control parlamentario, y generando un precedente en cuanto al trato al el resto de la población.
Una sociedad que tolera estas prácticas se degrada y envilece en su conjunto.
En base a lo razonado, desde el CEDEHU rechazamos la pretensión del Ministerio del Interior, por estimarla palmariamente atentatoria al Derecho a la Dignidad e Integridad Moral de los seres humanos, y exigimos su retirada inmediata.
Llamamos a las asociaciones involucradas en la Defensa de los Derechos Humanos a que manifiesten su rechazo y protesta frente al infame “Protocolo” elaborado por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos
Madrid, 13- Septiembre-2007
Nota: Este documento se envía a los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados, al Gobierno y al Defensor del Pueblo.
ARBITRARIEDAD, IMPUNIDAD Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
El reciente homicidio de un inmigrante, a consecuencia de la asfixia producida por la brutal actuación de varios agentes de policía, que lo ataron y amordazaron en el curso de un vuelo para su expulsión, impidiendo su normal respiración y desencadenando una angustia insoportable en la víctima, ha venido a poner de relieve las prácticas policiales de violencia establecidas habitualmente en los llamados “vuelos de repatriación o expulsión” y mantenidas en secreto dentro de los aviones contratados para los “viajes de expulsión”.
Ante las críticas emanadas de la opinión pública y distintos medios de comunicación, diversas cofradías policiales han reclamado del Ministerio del Interior la confección y aprobación de un “Protocolo” que venga a legitimar sus inhumanas formas de actuación en las expulsiones de inmigrantes, exigiendo garantías de impunidad y el visto bueno a la arbitrariedad.
Para satisfacer tan miserables peticiones, la Dirección General de la Policía ha elaborado un denominado “Protocolo de Repatriación” que conforma un acabado elenco de prácticas brutales de actuación, y constituye un refinado instrumento para la impune violación de Derechos Humanos básicos.
Desde el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), queremos manifestar nuestra protesta y expresar nuestra indignación, por las siguientes razones:
PRIMERA: “El Protocolo de Repatriación” desconoce deliberadamente que una de las bases del “trato justo” a las personas radica en el reconocimiento y respeto absoluto de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos.
SEGUNDA: “El Protocolo” comporta un elenco de actos de barbarie ultrajante aplicables al ser humano y constituye un paradigma de menosprecio a los Derechos Humanos, ya que las prácticas aprobadas resultan devastadoras para la dignidad y el valor esencial de las personas.
TERCERA: “El Protocolo” atenta directamente a la dignidad de los seres humanos, reconocida en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y configura un conjunto de prácticas torturantes, crueles, inhumanas y degradantes, con abierta violación del Artículo 5 de la indicada Declaración Universal y del Artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que obliga a que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano.
CUARTA: “El Protocolo” viene a dejar vacío el Articulo 10-1 de la Constitución Española, en tanto que viene a ignorar que la dignidad de las personas y los derechos inviolables que le son inherentes constituyen un principio y valor constitucional básico, y es una clara vulneración del Artículo 15 del mismo texto constitucional, al posibilitar prácticas atentatorias a la integridad moral y constitutivas de tratamientos inhumanos y degradantes.
QUINTA: “El Protocolo” ignora que toda detención debe practicarse en la forma que menos perjudique a la persona detenida, ya que las “prácticas” policiales aprobadas en el mismo parten del uso indiscriminado de métodos humillantes y vejatorios, por lo que las “pautas policiales de actuación” resultan por si mismas provocadoras de humillaciones y envilecimientos degradantes, generadoras de sufrimientos y patentemente atentatorias a la dignidad moral de las personas.
SEXTA: “El Protocolo” consagra, y da por buenas, la generalización de prácticas abusivas y arbitrarias, que entrañan esencialmente violencia física y moral, y aparejan la desprotección y falta de respeto efectivo al trato humano para la dignidad de las personas.
SEPTIMA: “El Protocolo” viola los Principios elementales de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, consagrando la arbitrariedad policial como regla general de actuación.
El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos quiere resaltar que “El Protocolo” supone una clara usurpación, por parte del Ministerio del Interior, de las funciones del Parlamento, evitando que el Congreso de Diputados, mediante Ley Orgánica, pueda entrar a regular una materia que afecta directamente a los Derechos Humanos Fundamentales de las personas.
En efecto, “la práctica” generalizable, por sistemática, de realizar el embarque en los aviones de todas las personas a expulsar, conduciéndolas atadas con “lazos de seguridad” a plena vista del público, pasajeros y tripulación, constituye una actuación inadmisible. Lo mismo ocurre con la utilización de “grilletes metálicos”, “capuchas” y “cascos”, “correas de sujeción” y “camisas de fuerza”.
Por otra parte la calificación como “peligroso” de un ser humano sometido a expulsión, se deja a la arbitrariedad de los agentes policiales de turno, sin que el concepto de “peligroso” venga determinado por norma legal alguna.
Para mayor pretendida eficacia, “El Protocolo” considera necesario el “servicio” de agentes policiales expertos en “artes marciales”, cuando lo procedente sería la enseñanza, educación y respeto a los Derechos Humanos para asegurar un tratamiento justo y humano.
De especial barbarie resulta la regla de actuación referida a los expulsados “con sus ropas llenas de excrementos”, ya que por tal situación se les considerará como “violentos” y serán vestidos a la fuerza con un “mono”.
En suma mediante un “Protocolo”, carente del valor de norma jurídica, se hurtan al Parlamento las facultades de legislación previstas en la Constitución Española, con lo cual la Dirección General de la Policía se autoproclama legislador ordinario y orgánico, evitando el control parlamentario, y generando un precedente en cuanto al trato al el resto de la población.
Una sociedad que tolera estas prácticas se degrada y envilece en su conjunto.
En base a lo razonado, desde el CEDEHU rechazamos la pretensión del Ministerio del Interior, por estimarla palmariamente atentatoria al Derecho a la Dignidad e Integridad Moral de los seres humanos, y exigimos su retirada inmediata.
Llamamos a las asociaciones involucradas en la Defensa de los Derechos Humanos a que manifiesten su rechazo y protesta frente al infame “Protocolo” elaborado por la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior.
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos
Madrid, 13- Septiembre-2007
Nota: Este documento se envía a los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados, al Gobierno y al Defensor del Pueblo.
