Contra las políticas de inmigración que matan
El pasado sábado 9 de junio, moría el ciudadano nigeriano Osamuyia Akpitaye cuando las autoridades trataban de expulsarlo fuera de territorio español, amordazado y esposado en un avión. Una muerte, sobre cuyas causas todavía hay muchas dudas, y cuya investigación, para depurar las responsabilidades políticas y penales que procedan, debe iniciarse de inmediato, a través de todos los instrumentos propios del Estado de derecho.
Una muerte que es la muestra, por desgracia, más palpable y la peor consecuencia de lo que viene siendo la política migratoria de las autoridades españolas, y también europeas, basada en la represión de quienes no quieren otra cosa que ejercer su derecho a la libertad de circulación y buscar mejores expectativas de vida. Unas políticas que tan pronto consisten en firmar acuerdos con autoridades antidemocráticas de los países de origen de los migrantes, para “frenar” su salida, como otras veces se manifiestan en la muerte durante la travesía hacia Europa o dentro de nuestras ciudades, con redadas masivas, detenciones de quien no ha cometido ningún delito, estancias sin derechos en centros de internamientos, expulsiones por la fuerza e incluso, en ocasiones, abandonos de estas personas, ni siquiera en sus países, en otros países, donde se producen graves vulneraciones de sus derechos. El caso del Marine I, o lo ocurrido en aguas de Libia, son muy elocuentes de que consecuencias está teniendo la política europea de externalización y subcontratación del control de fronteras. Unas políticas que pretenden que una de las causas principales de la inmigración son las políticas neoliberales que agudizan el saqueo de los países empobrecidos y de sus habitantes.
Una violación de derechos que se produce, en ocasiones, de forma tan flagrante como ha ocurrido con Osamudia, y otras veces, de forma más sutil. Las colas persisten en las oficinas de extranjería, los criterios arbitrarios y restrictivos continúan, y es precisamente el colectivo nigeriano y en general, el procedente del Africa subsahariana, quien peor lo tiene. Hoy día, las personas nigerianas no tienen oportunidad de conseguir, ni la residencia por arraigo, simplemente porque las autoridades, ni las españolas ni las de su país, no quieren resolver un simple problema burocrático, para que puedan conseguir sus certificados de antecedentes penales.
Toda una serie de obstáculos y discriminaciones que son consecuencia de estas políticas migratorias, que no han menguado en su represión, al contrario, se mantienen igual desde hace años, minando la convivencia y generando un racismo grande hacia los colectivos afectados.
Por eso, las entidades y personas que hoy nos reunimos, exigimos un cambio de estas políticas, y en general, un cambio de modelo, que respete los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Una nueva política que combata de verdad el racismo, que suponga el cierre de centros de internamiento, donde los internos no tienen ni los pocos derechos que se tienen en las cárceles, que acabe con las expulsiones a la fuerza de ciudadanos que son tratados como delincuentes, y que respete la declaración universal de derechos humanos, en toda su extensión.
Asimismo, queremos con este acto manifestar toda nuestra solidaridad con la familia de Osamudia, y en general hacia el colectivo nigeriano, y hacia todas las personas que sufren a diario las consecuencias de las políticas migratorias actuales.
NO MAS MUERTES
CONTRA LAS EXPULSIONES Y LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO
POR EL RESPETO AL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
POR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA DEPURACION DE RESPONSABILIDADES PENALES Y POLÍTICAS EN LA MUERTE DE OSAMUYIA AKPITAYE
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU)
Madrid, a 1/7/2007
El pasado sábado 9 de junio, moría el ciudadano nigeriano Osamuyia Akpitaye cuando las autoridades trataban de expulsarlo fuera de territorio español, amordazado y esposado en un avión. Una muerte, sobre cuyas causas todavía hay muchas dudas, y cuya investigación, para depurar las responsabilidades políticas y penales que procedan, debe iniciarse de inmediato, a través de todos los instrumentos propios del Estado de derecho.
Una muerte que es la muestra, por desgracia, más palpable y la peor consecuencia de lo que viene siendo la política migratoria de las autoridades españolas, y también europeas, basada en la represión de quienes no quieren otra cosa que ejercer su derecho a la libertad de circulación y buscar mejores expectativas de vida. Unas políticas que tan pronto consisten en firmar acuerdos con autoridades antidemocráticas de los países de origen de los migrantes, para “frenar” su salida, como otras veces se manifiestan en la muerte durante la travesía hacia Europa o dentro de nuestras ciudades, con redadas masivas, detenciones de quien no ha cometido ningún delito, estancias sin derechos en centros de internamientos, expulsiones por la fuerza e incluso, en ocasiones, abandonos de estas personas, ni siquiera en sus países, en otros países, donde se producen graves vulneraciones de sus derechos. El caso del Marine I, o lo ocurrido en aguas de Libia, son muy elocuentes de que consecuencias está teniendo la política europea de externalización y subcontratación del control de fronteras. Unas políticas que pretenden que una de las causas principales de la inmigración son las políticas neoliberales que agudizan el saqueo de los países empobrecidos y de sus habitantes.
Una violación de derechos que se produce, en ocasiones, de forma tan flagrante como ha ocurrido con Osamudia, y otras veces, de forma más sutil. Las colas persisten en las oficinas de extranjería, los criterios arbitrarios y restrictivos continúan, y es precisamente el colectivo nigeriano y en general, el procedente del Africa subsahariana, quien peor lo tiene. Hoy día, las personas nigerianas no tienen oportunidad de conseguir, ni la residencia por arraigo, simplemente porque las autoridades, ni las españolas ni las de su país, no quieren resolver un simple problema burocrático, para que puedan conseguir sus certificados de antecedentes penales.
Toda una serie de obstáculos y discriminaciones que son consecuencia de estas políticas migratorias, que no han menguado en su represión, al contrario, se mantienen igual desde hace años, minando la convivencia y generando un racismo grande hacia los colectivos afectados.
Por eso, las entidades y personas que hoy nos reunimos, exigimos un cambio de estas políticas, y en general, un cambio de modelo, que respete los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Una nueva política que combata de verdad el racismo, que suponga el cierre de centros de internamiento, donde los internos no tienen ni los pocos derechos que se tienen en las cárceles, que acabe con las expulsiones a la fuerza de ciudadanos que son tratados como delincuentes, y que respete la declaración universal de derechos humanos, en toda su extensión.
Asimismo, queremos con este acto manifestar toda nuestra solidaridad con la familia de Osamudia, y en general hacia el colectivo nigeriano, y hacia todas las personas que sufren a diario las consecuencias de las políticas migratorias actuales.
NO MAS MUERTES
CONTRA LAS EXPULSIONES Y LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO
POR EL RESPETO AL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD
POR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
POR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA DEPURACION DE RESPONSABILIDADES PENALES Y POLÍTICAS EN LA MUERTE DE OSAMUYIA AKPITAYE
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU)
Madrid, a 1/7/2007
