ANALISIS CRITICO DE LAS “BASES PARA UNA POLITICA DE INMIGRACION COMUN”
INTRODUCCIÓN.-
El gobierno ha remitido a los grupos políticos con representación parlamentaria un texto en el que establece lo que denomina “Bases para una Política de Inmigración Común”, que será debatido en la Subcomisión creada al efecto.
El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU) desde la bases previas derivadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y del conjunto de normas universales en materia de Derechos Humanos, Políticos, Sociales y Culturales, ha realizado un meditado estudio del texto con el propósito de captar las líneas de pensamiento que estructuran dicho texto, y con la finalidad de divulgar una opinión informada y formada, desde los presupuestos ineludibles de la cultura de los Derechos Humanos universales, y de la efectividad de los mismos en materia de inmigración.
I.- Líneas de pensamiento del Informe del Gobierno.-
Visión instrumental de la inmigración.
Modelo de inmigración de cupos de trabajadores.
Tratamiento policial de la inmigración.
Resulta concluyente que el texto del Gobierno se asienta sobre una visión instrumental de la inmigración y una concepción utilitaria del inmigrante.
La regla esencial, subyacente en el texto, consiste en considerar a la inmigración como una mera cuestión de reposición de mano de obra productiva o útil, y de mantenimiento de tasas de población activa para equilibrar las desproporciones con los incrementos de clases pasivas.
La consecuencia de tal visión conduce directamente a un modelo de inmigración de CUPOS DE TRABAJADORES, según la concepción instrumental de la Inmigración de Ida y Vuelta.
Como no podía ser de otro modo, la indicada visión se cierra o completa con el tratamiento policial de la inmigración, bajo los acusados parámetros de la OBSESION SECURITARIA, para garantizar que sólo vengan, que únicamente entren los que “necesitamos”.
Por ello, el texto del Gobierno presenta como solución el modelo de CUOTAS o Contingentes, y trata de evitar otras formas de inmigración como son las derivadas del reagrupamiento familiar, la inmigración por razones humanitarias y sobre todo trata de evitar, con especial empeño policial-militarizado, la inmigración que viene a buscar trabajo y no trae el contrato en el bolsillo.
A lo sumo, el modelo instrumental-utilitarista trata de suavizarse con ciertos acentos paternalistas o humanitaristas, destacando las aportaciones de los inmigrantes al crecimiento de la economía, resaltando que “además” pagan impuestos, consumen, y ayudan al incremento de las “tasas de natalidad”. En síntesis se proclama que conviene “tratar bien” a los inmigrantes, reconocerles “algunos derechos”, pero todo dentro de “un orden” y negando la articulación de un nuevo modelo de Ciudadanía Diferenciada, Inclusiva y Plural.
II.- Análisis desde el punto de vista de los Derechos Humanos, del Informe del Gobierno:
· Niega el Derecho Humano a Inmigrar, y el derecho universal a la libertad de circulación y de establecimiento. Niega con ello la universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
El Derecho a emigrar está implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y se deriva de los Artículos 1, 2 y 13-1, puesto que el respeto y efectividad de los derechos de libertad de circulación y establecimiento no puede vaciarse de contenido, impidiendo por normas estatales la efectiva universalización del derecho a la emigración.
En suma quienes niegan el derecho universal a emigrar evidencian una posición retórica ante la universalidad y plena aplicación de la Declaración de 1948, a la par que pretenden negar la aplicación directa de la indicada Carta Universal de Derechos Humanos, y ello a pesar de que la Constitución española en su articulo 10-2 viene a reconocer el carácter normativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por otro lado, y desde tiempos remotos toda la teoría clásica del Derecho ha tratado el derecho a emigrar y a inmigrar como un Derecho Fundamental de la Humanidad.
Por ello, resulta inexplicable paradoja que los teóricos liberales de la modernidad o postmodernidad, sigan invocando la universalidad de los Derechos Humanos y en la práctica nieguen la efectiva universalidad en su aplicación en nombre de la soberanía nacional.
Desde luego pretender reconocer solo el Derecho a la Emigración sin un correlativo Derecho a la Inmigración, aboca a la negación práctica del Derecho a Emigrar, ya que el Derecho a la Migración encierra la doble acepción de Derecho a Emigrar y a Inmigrar, y no querer reconocerlo supone negar el carácter de Derecho a la Migración.
· Mantiene el despliegue de un auténtico arsenal policial y militar dedicado a tareas de persecución y control de aquellas personas africanas que por motivos diversos tratan de salir de su país y propicia el chantaje y coacción sobre los gobiernos africanos que no desplieguen medidas coercitivas de control e interceptación de las personas que quieren emigrar
Lo más grave, radica en que incluso se pretende negar, en la práctica, el Derecho a Emigrar saliendo de su propio país.
Ello adquiere un acusado relieve en relación con las políticas coercitivas, de amenaza y chantaje desplegadas sobre gobiernos de países de África, tendentes a evitar que la ciudadanía salga de sus países para emigrar.
En la práctica, ello se traduce en una clara política de inducción a negar el Derecho Humano Universal que tiene toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y que directamente se reconoce en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de 1948.
Así a mediante el eufemismo de “propiciar la corresponsabilidad en el control de las fronteras”, se despliega por el Estado Español y otros Estados europeos, un auténtico arsenal policial y militar (aviones y buques de guerra incluidos) dedicado a tareas de persecución y control de las personas africanas que por motivos diversos tratan de salir de sus países. Es notable el “lenguaje de combate” que impregna el documento, y las muertes y humillaciones que esta política ha desencadenado, no solo dificultando las rutas marítimas a las precarias embarcaciones si no también impulsando el acoso a las personas subsaharianas, que de nuevo en los últimos días de diciembre, en Marruecos, han sido detenidas y expulsadas violando las convenciones de Ginebra sobre Refugiados y la de los Derechos Humanos.
Este chantaje y la coacción sobre diversos gobiernos africanos, propiciada por ciertos países europeos y fervorosamente asumido por el Gobierno Español, se estructura sobre la premisa de negar fondos para la cooperación y el desarrollo, y de negar el otorgamiento de “cupos” de inmigrantes, a los gobiernos africanos que no se plieguen al despliegue de medidas coercitivas -policiales y militares- de control, de interceptación, y detención de las personas que intentan emigrar.
· Niega, en la práctica, el derecho a salir para buscar asilo y refugio en Europa.
Ello apareja consecuencias devastadoras para quienes tratan de salir de sus países de origen y conduce por añadidura a negar, en la práctica, el derecho a salir para buscar y solicitar asilo y refugio en Europa.
Así, cuando se interceptan embarcaciones, bien en aguas internacionales, o de soberanía de un país, y se obliga a las personas a regresar a sus países o al país de salida, se viola en realidad el Derecho a buscar refugio y asilo.
En algunos casos, como el de saharauis que tratan de escapar de la persecución política, de la policía y fuerzas armadas de Marruecos, se produce una brutal consecuencia en la devolución-repatriación a Marruecos, donde les va a esperar la tortura, la prisión y en no pocos casos la muerte.
Lo mismo ocurre con las personas africanas provenientes de países con conflictos bélicos, guerras interétnicas, guerras de religión, etc. que ven así impedida de raíz y anticipadamente la posibilidad de llegar a pedir asilo y refugio.
· Acude al lenguaje del miedo (mafias, criminalidad organizada,...)
En otro orden de análisis y con una evidente manipulación del lenguaje y la realidad de las precarias vías de transporte utilizadas para salir de los países africanos y asiáticos, se acude al lenguaje del miedo y a la invocación de “mafias” o de la “criminalidad organizada”, pretendiendo hacer creer que las personas que optan por emigrar, lo hacen “forzadas” o “traficadas”.
Con ello se trata de generar miedo por un lado, y por otros buscar la complicidad de la ciudadanía de los países europeos.
· Se sirve de la inmigración para hacer política con los inmigrantes, no para hacer política de inmigración.
Las llamadas “bases” no tienden a la configuración de una Política Común en materia migratoria, sino a servirse de la Inmigración para hacer política con los inmigrantes, no para políticas de Inmigración.
· Considera a la inmigración como un problema de “orden público”, de “control de fronteras” y de utilitarismo puro y duro.
En efecto, la gran mayoría de los gobiernos europeos, y entre ellos el actual gobierno español han descubierto la gran rentabilidad política, a efectos de consumo interno, del tratamiento policial del fenómeno migratorio.
No plantea el control de capitales sino el control de las personas, no tiene en cuenta el fenómeno de la deslocalización de las empresas y hace de la lucha contra la inmigración irregular una bandera.
Lamentablemente el actual gobierno ha empezado a desplegar unas políticas de consideración de la inmigración como un “problema de orden público”, de “control de fronteras” y de utilitarismo puro y duro.
Ciertamente, las políticas de “mano dura” se ven jaleadas por los sectores más recalcitrantes de algunos partidos políticos, que ejercen un brutal acoso al gobierno, y ejercen de auténticos propagadores de xenofobia y racismo institucional, de discriminación y de rechazo ante la inmigración en general, y en particular a la de los inmigrantes africanos, y que cuentan con la colaboración de prácticamente por todos los medios de comunicación, tanto por los autodefinidos como liberales como por los instalados en la derecha y extremas derechas varias.
A su vez, el tratamiento mediático propiciado por periodistas vinculados a fuentes policiales ha contribuido a la propagación de la nefasta visión de la inmigración como un problema de “orden público”, mediante una sistemática y sesgada desinformación y manipulación tendente a unir inmigración con delincuencia.
Y ello a pesar de ser una realidad el que ni los inmigrantes son delincuentes ni vienen a delinquir.
Quienes vienen al España para delinquir, son delincuentes, no inmigrantes. Ciertamente los inmigrantes son seres humanos, y como tales pueden cometer hechos delictivos, igual que los cometen los ciudadanos españoles, o los británicos, alemanes, suecos, etc. que residen en España.
· No formula propuestas para luchar contra la discriminación, la xenofobia, el racismo, ni se articulan programas de sensibilización.
Desde luego, resulta lamentable constatar que en este documento de “Bases para una política de inmigración común” no exista una formulación de propuesta para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo social e institucional, ni se articulen programas de sensibilización común tendentes a enseñar que el inmigrante ni es un ser inferior ni un sujeto peligroso, ni puede ser tratado como un objeto sujeto a la denominada lógica del mercado.
Ignora la prohibición en la legislación vigente de derechos como asociación, reunión y huelga a los inmigrantes cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por el propio PSOE, ni el régimen de apartheid tanto legal como social al que se somete a la población inmigrante especialmente a la que se encuentra en situación irregular.
· Mantiene como uno de los objetivos prioritarios la repatriación de las personas en situación irregular (expulsiones) y propone la creación de nuevos Centros de Internamiento.
· Desconoce que la primera base para la integración radica en la IGUALDAD de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos.
· Mantiene el vínculo de ciudadanía ligado a la nacionalidad, con lo que quedan fuera de la toma de decisiones políticas algunos millones de personas. Ni siquiera plantea la posibilidad de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y autonómicas por parte de los inmigrantes residentes.
Ello resulta especialmente significativo y expresivo de un modelo instrumental –utilitarista ligado a la visión del inmigrante como “mano de obra” o “mercancía útil”.
III.- Consideraciones de CEDEHU:
Ø Mientras se mantenga la discriminación en el reconocimiento y garantías de los derechos humanos y fundamentales de los inmigrantes y no se produzca una igualdad real en derechos, incluidos los políticos, no podrán sentarse las bases para una auténtica integración de las personas inmigrantes y cohesión social de la población.
Desde luego, ese reconocimiento en derechos y libertades, en igualdad y en garantías, constituye una premisa básica inicial para poder conseguir una integración social efectiva.
Por ello el no reconocimiento de los derechos políticos de los inmigrantes, supone una negación de su cualidad de sujeto del espacio público y apareja un déficit de partida de cara a la integración social plural e inclusión en una sociedad multicultural.
Desde luego justificar la exclusión de los derechos políticos por la lotería del nacimiento, colisiona con cualquier objetivo serio de integración, ya que crea un status de infraciudadanía, derivado de la condición de ser inmigrante y consagra una extranjerización del inmigrante, atribuyéndole un “ser” distinto al “nosotros”.
Resulta pues infundado pensar en integración social del inmigrante, si se le niegan los Derechos Políticos, sobre la base de invocar que no son ciudadanos, ya que se quiebran las bases de la integración cívica.
Ø Debe articularse un modelo de ciudadanía cívica basado en la “residencia”: plena igualdad de derechos para todos los que residan en un país.
Por esto desde el CEDEHU se estima imprescindible la necesidad de superar el vínculo de ciudadanía ligado a la nacionalidad para extenderlo al vínculo de residencia, comenzando ineludiblemente por el ámbito municipal como espacio primordial de integración plural
Por ello, la integración social no puede reducirse a una mera cuestión de reconocimiento y garantía de los derechos sociales, en equiparación a los de los españoles, si no que necesita sustentarse sobre el reconocimiento y garantía de los derechos políticos y culturales.
Así el reconocimiento en serio de los derechos culturales, no afecta sólo a la educación y al acceso a la cultura, sino que ha de suponer el derecho al reconocimiento a la identidad cultural, desterrando el etnocentrismo europeo que proclama las diferencias culturales como un peligro.
En apretada síntesis, el punto de partida para la articulación de un modelo de ciudadanía cívica o integración cívica debe descansar en la equiparación de los inmigrantes residentes al status jurídico-político de los nacionales, en el pleno reconocimiento a la identidad cultural, y en la plena igualdad de derechos sociales, incluyendo dentro de estos el derecho a la reagrupación familiar.
Lógicamente, una política de inmigración garantista de los derechos humanos, tiene el deber de asentar las bases para romper el dualismo ciudadanos españoles frente a extranjeros, revisando los elementos clásicos y arcaicos del estatuto de ciudadanía y posibilitando la plenitud de derechos a los inmigrantes residentes.
No hacerlo, supone impedir la real y efectiva integración de las personas inmigrantes y cohesión social de la población.
Ciertamente el modelo de ciudadanía diferenciada inclusiva y plural requiere tener en cuenta que un proceso de integración no puede ser contemplado sobre la base de políticas parciales, de retórica intercultural y de proclamas de tolerancia, ni sobre la base de medidas concretas en materia de enseñanza y vivienda, sino que ineludiblemente requiere como base previa la igualdad en los derechos.
Junto a ello deben fomentarse y facilitarse todas las formas diversas de participación política, no directamente ligadas al derecho al sufragio, como las actividades sindicales y las derivadas del ejercicio de derechos diversos como el de reunión, manifestación, expresión, etc. así como el fomento a niveles estatales, autonómicos y locales de órganos consultivos integrados por asociaciones de inmigrantes y el otorgamiento de legitimación a las Asociaciones de Inmigrantes para actuar como interlocutores frente a la Administración.
Cuanto se indica no significa una defensa de las teorías de la asimilación, cuyos postulados aparecen implícitos en el discurso sustentados de las “Bases” presentados en el Congresos de los Diputados.
Por el contrario el pluralismo cultural, étnico y religioso de los inmigrantes requiere la creación de bases para una ciudadanía diferenciada o ciudadanía multicultural, lo que a su vez hace necesario el establecimiento de políticas de integración multiculturales, para así lograr que las diversas comunidades de inmigrantes puedan participar y formar parte de la vida política y social en términos de igualdad.
Ø No habrá una verdadera política de inmigración sin llevar a la práctica la cultura de la universalidad de los Derechos Humanos y es preciso llevar también esta mirada a la incipiente política migratoria que se va adoptando en la Unión Europea.
Desde el CEDEHU mantenemos el reconocimiento del Derecho Universal Humano de migración por todo nuestro planeta.
Tal posición deriva de una interpretación coherente, integral, y seria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todo cuanto se razona o propone, tiene como objetivo, fomentar la cultura del universalismo garantista de los Derechos Humanos, y denunciar motivadamente la instrumentalización de la Inmigración, así como poner de manifiesto que la integración social de los inmigrantes no debe ser entendida como un proceso de uniformización si no de diversidad e igualdad en un marco de respeto mutuo, y de cumplimiento, por los inmigrantes, de las reglas jurídicas vigente en el Estado Español.
Por último señalar que para evitar los perniciosos efectos de la manipulación mediática, una política de inmigración digna de ese nombre habría de contener la articulación de sostenidas campañas de divulgación en todos los medios públicos y privados, de la realidad del complejo fenómeno social de la inmigración y de que los inmigrantes son seres humanos iguales a los ciudadanos españoles y merecedores del total respeto como seres humanos.
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos
Madrid, Enero 2007
INTRODUCCIÓN.-
El gobierno ha remitido a los grupos políticos con representación parlamentaria un texto en el que establece lo que denomina “Bases para una Política de Inmigración Común”, que será debatido en la Subcomisión creada al efecto.
El Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU) desde la bases previas derivadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y del conjunto de normas universales en materia de Derechos Humanos, Políticos, Sociales y Culturales, ha realizado un meditado estudio del texto con el propósito de captar las líneas de pensamiento que estructuran dicho texto, y con la finalidad de divulgar una opinión informada y formada, desde los presupuestos ineludibles de la cultura de los Derechos Humanos universales, y de la efectividad de los mismos en materia de inmigración.
I.- Líneas de pensamiento del Informe del Gobierno.-
Visión instrumental de la inmigración.
Modelo de inmigración de cupos de trabajadores.
Tratamiento policial de la inmigración.
Resulta concluyente que el texto del Gobierno se asienta sobre una visión instrumental de la inmigración y una concepción utilitaria del inmigrante.
La regla esencial, subyacente en el texto, consiste en considerar a la inmigración como una mera cuestión de reposición de mano de obra productiva o útil, y de mantenimiento de tasas de población activa para equilibrar las desproporciones con los incrementos de clases pasivas.
La consecuencia de tal visión conduce directamente a un modelo de inmigración de CUPOS DE TRABAJADORES, según la concepción instrumental de la Inmigración de Ida y Vuelta.
Como no podía ser de otro modo, la indicada visión se cierra o completa con el tratamiento policial de la inmigración, bajo los acusados parámetros de la OBSESION SECURITARIA, para garantizar que sólo vengan, que únicamente entren los que “necesitamos”.
Por ello, el texto del Gobierno presenta como solución el modelo de CUOTAS o Contingentes, y trata de evitar otras formas de inmigración como son las derivadas del reagrupamiento familiar, la inmigración por razones humanitarias y sobre todo trata de evitar, con especial empeño policial-militarizado, la inmigración que viene a buscar trabajo y no trae el contrato en el bolsillo.
A lo sumo, el modelo instrumental-utilitarista trata de suavizarse con ciertos acentos paternalistas o humanitaristas, destacando las aportaciones de los inmigrantes al crecimiento de la economía, resaltando que “además” pagan impuestos, consumen, y ayudan al incremento de las “tasas de natalidad”. En síntesis se proclama que conviene “tratar bien” a los inmigrantes, reconocerles “algunos derechos”, pero todo dentro de “un orden” y negando la articulación de un nuevo modelo de Ciudadanía Diferenciada, Inclusiva y Plural.
II.- Análisis desde el punto de vista de los Derechos Humanos, del Informe del Gobierno:
· Niega el Derecho Humano a Inmigrar, y el derecho universal a la libertad de circulación y de establecimiento. Niega con ello la universalidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
El Derecho a emigrar está implícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y se deriva de los Artículos 1, 2 y 13-1, puesto que el respeto y efectividad de los derechos de libertad de circulación y establecimiento no puede vaciarse de contenido, impidiendo por normas estatales la efectiva universalización del derecho a la emigración.
En suma quienes niegan el derecho universal a emigrar evidencian una posición retórica ante la universalidad y plena aplicación de la Declaración de 1948, a la par que pretenden negar la aplicación directa de la indicada Carta Universal de Derechos Humanos, y ello a pesar de que la Constitución española en su articulo 10-2 viene a reconocer el carácter normativo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Por otro lado, y desde tiempos remotos toda la teoría clásica del Derecho ha tratado el derecho a emigrar y a inmigrar como un Derecho Fundamental de la Humanidad.
Por ello, resulta inexplicable paradoja que los teóricos liberales de la modernidad o postmodernidad, sigan invocando la universalidad de los Derechos Humanos y en la práctica nieguen la efectiva universalidad en su aplicación en nombre de la soberanía nacional.
Desde luego pretender reconocer solo el Derecho a la Emigración sin un correlativo Derecho a la Inmigración, aboca a la negación práctica del Derecho a Emigrar, ya que el Derecho a la Migración encierra la doble acepción de Derecho a Emigrar y a Inmigrar, y no querer reconocerlo supone negar el carácter de Derecho a la Migración.
· Mantiene el despliegue de un auténtico arsenal policial y militar dedicado a tareas de persecución y control de aquellas personas africanas que por motivos diversos tratan de salir de su país y propicia el chantaje y coacción sobre los gobiernos africanos que no desplieguen medidas coercitivas de control e interceptación de las personas que quieren emigrar
Lo más grave, radica en que incluso se pretende negar, en la práctica, el Derecho a Emigrar saliendo de su propio país.
Ello adquiere un acusado relieve en relación con las políticas coercitivas, de amenaza y chantaje desplegadas sobre gobiernos de países de África, tendentes a evitar que la ciudadanía salga de sus países para emigrar.
En la práctica, ello se traduce en una clara política de inducción a negar el Derecho Humano Universal que tiene toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y que directamente se reconoce en el artículo 13.2 de la Declaración Universal de 1948.
Así a mediante el eufemismo de “propiciar la corresponsabilidad en el control de las fronteras”, se despliega por el Estado Español y otros Estados europeos, un auténtico arsenal policial y militar (aviones y buques de guerra incluidos) dedicado a tareas de persecución y control de las personas africanas que por motivos diversos tratan de salir de sus países. Es notable el “lenguaje de combate” que impregna el documento, y las muertes y humillaciones que esta política ha desencadenado, no solo dificultando las rutas marítimas a las precarias embarcaciones si no también impulsando el acoso a las personas subsaharianas, que de nuevo en los últimos días de diciembre, en Marruecos, han sido detenidas y expulsadas violando las convenciones de Ginebra sobre Refugiados y la de los Derechos Humanos.
Este chantaje y la coacción sobre diversos gobiernos africanos, propiciada por ciertos países europeos y fervorosamente asumido por el Gobierno Español, se estructura sobre la premisa de negar fondos para la cooperación y el desarrollo, y de negar el otorgamiento de “cupos” de inmigrantes, a los gobiernos africanos que no se plieguen al despliegue de medidas coercitivas -policiales y militares- de control, de interceptación, y detención de las personas que intentan emigrar.
· Niega, en la práctica, el derecho a salir para buscar asilo y refugio en Europa.
Ello apareja consecuencias devastadoras para quienes tratan de salir de sus países de origen y conduce por añadidura a negar, en la práctica, el derecho a salir para buscar y solicitar asilo y refugio en Europa.
Así, cuando se interceptan embarcaciones, bien en aguas internacionales, o de soberanía de un país, y se obliga a las personas a regresar a sus países o al país de salida, se viola en realidad el Derecho a buscar refugio y asilo.
En algunos casos, como el de saharauis que tratan de escapar de la persecución política, de la policía y fuerzas armadas de Marruecos, se produce una brutal consecuencia en la devolución-repatriación a Marruecos, donde les va a esperar la tortura, la prisión y en no pocos casos la muerte.
Lo mismo ocurre con las personas africanas provenientes de países con conflictos bélicos, guerras interétnicas, guerras de religión, etc. que ven así impedida de raíz y anticipadamente la posibilidad de llegar a pedir asilo y refugio.
· Acude al lenguaje del miedo (mafias, criminalidad organizada,...)
En otro orden de análisis y con una evidente manipulación del lenguaje y la realidad de las precarias vías de transporte utilizadas para salir de los países africanos y asiáticos, se acude al lenguaje del miedo y a la invocación de “mafias” o de la “criminalidad organizada”, pretendiendo hacer creer que las personas que optan por emigrar, lo hacen “forzadas” o “traficadas”.
Con ello se trata de generar miedo por un lado, y por otros buscar la complicidad de la ciudadanía de los países europeos.
· Se sirve de la inmigración para hacer política con los inmigrantes, no para hacer política de inmigración.
Las llamadas “bases” no tienden a la configuración de una Política Común en materia migratoria, sino a servirse de la Inmigración para hacer política con los inmigrantes, no para políticas de Inmigración.
· Considera a la inmigración como un problema de “orden público”, de “control de fronteras” y de utilitarismo puro y duro.
En efecto, la gran mayoría de los gobiernos europeos, y entre ellos el actual gobierno español han descubierto la gran rentabilidad política, a efectos de consumo interno, del tratamiento policial del fenómeno migratorio.
No plantea el control de capitales sino el control de las personas, no tiene en cuenta el fenómeno de la deslocalización de las empresas y hace de la lucha contra la inmigración irregular una bandera.
Lamentablemente el actual gobierno ha empezado a desplegar unas políticas de consideración de la inmigración como un “problema de orden público”, de “control de fronteras” y de utilitarismo puro y duro.
Ciertamente, las políticas de “mano dura” se ven jaleadas por los sectores más recalcitrantes de algunos partidos políticos, que ejercen un brutal acoso al gobierno, y ejercen de auténticos propagadores de xenofobia y racismo institucional, de discriminación y de rechazo ante la inmigración en general, y en particular a la de los inmigrantes africanos, y que cuentan con la colaboración de prácticamente por todos los medios de comunicación, tanto por los autodefinidos como liberales como por los instalados en la derecha y extremas derechas varias.
A su vez, el tratamiento mediático propiciado por periodistas vinculados a fuentes policiales ha contribuido a la propagación de la nefasta visión de la inmigración como un problema de “orden público”, mediante una sistemática y sesgada desinformación y manipulación tendente a unir inmigración con delincuencia.
Y ello a pesar de ser una realidad el que ni los inmigrantes son delincuentes ni vienen a delinquir.
Quienes vienen al España para delinquir, son delincuentes, no inmigrantes. Ciertamente los inmigrantes son seres humanos, y como tales pueden cometer hechos delictivos, igual que los cometen los ciudadanos españoles, o los británicos, alemanes, suecos, etc. que residen en España.
· No formula propuestas para luchar contra la discriminación, la xenofobia, el racismo, ni se articulan programas de sensibilización.
Desde luego, resulta lamentable constatar que en este documento de “Bases para una política de inmigración común” no exista una formulación de propuesta para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo social e institucional, ni se articulen programas de sensibilización común tendentes a enseñar que el inmigrante ni es un ser inferior ni un sujeto peligroso, ni puede ser tratado como un objeto sujeto a la denominada lógica del mercado.
Ignora la prohibición en la legislación vigente de derechos como asociación, reunión y huelga a los inmigrantes cuya inconstitucionalidad ha sido denunciada por el propio PSOE, ni el régimen de apartheid tanto legal como social al que se somete a la población inmigrante especialmente a la que se encuentra en situación irregular.
· Mantiene como uno de los objetivos prioritarios la repatriación de las personas en situación irregular (expulsiones) y propone la creación de nuevos Centros de Internamiento.
· Desconoce que la primera base para la integración radica en la IGUALDAD de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos.
· Mantiene el vínculo de ciudadanía ligado a la nacionalidad, con lo que quedan fuera de la toma de decisiones políticas algunos millones de personas. Ni siquiera plantea la posibilidad de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y autonómicas por parte de los inmigrantes residentes.
Ello resulta especialmente significativo y expresivo de un modelo instrumental –utilitarista ligado a la visión del inmigrante como “mano de obra” o “mercancía útil”.
III.- Consideraciones de CEDEHU:
Ø Mientras se mantenga la discriminación en el reconocimiento y garantías de los derechos humanos y fundamentales de los inmigrantes y no se produzca una igualdad real en derechos, incluidos los políticos, no podrán sentarse las bases para una auténtica integración de las personas inmigrantes y cohesión social de la población.
Desde luego, ese reconocimiento en derechos y libertades, en igualdad y en garantías, constituye una premisa básica inicial para poder conseguir una integración social efectiva.
Por ello el no reconocimiento de los derechos políticos de los inmigrantes, supone una negación de su cualidad de sujeto del espacio público y apareja un déficit de partida de cara a la integración social plural e inclusión en una sociedad multicultural.
Desde luego justificar la exclusión de los derechos políticos por la lotería del nacimiento, colisiona con cualquier objetivo serio de integración, ya que crea un status de infraciudadanía, derivado de la condición de ser inmigrante y consagra una extranjerización del inmigrante, atribuyéndole un “ser” distinto al “nosotros”.
Resulta pues infundado pensar en integración social del inmigrante, si se le niegan los Derechos Políticos, sobre la base de invocar que no son ciudadanos, ya que se quiebran las bases de la integración cívica.
Ø Debe articularse un modelo de ciudadanía cívica basado en la “residencia”: plena igualdad de derechos para todos los que residan en un país.
Por esto desde el CEDEHU se estima imprescindible la necesidad de superar el vínculo de ciudadanía ligado a la nacionalidad para extenderlo al vínculo de residencia, comenzando ineludiblemente por el ámbito municipal como espacio primordial de integración plural
Por ello, la integración social no puede reducirse a una mera cuestión de reconocimiento y garantía de los derechos sociales, en equiparación a los de los españoles, si no que necesita sustentarse sobre el reconocimiento y garantía de los derechos políticos y culturales.
Así el reconocimiento en serio de los derechos culturales, no afecta sólo a la educación y al acceso a la cultura, sino que ha de suponer el derecho al reconocimiento a la identidad cultural, desterrando el etnocentrismo europeo que proclama las diferencias culturales como un peligro.
En apretada síntesis, el punto de partida para la articulación de un modelo de ciudadanía cívica o integración cívica debe descansar en la equiparación de los inmigrantes residentes al status jurídico-político de los nacionales, en el pleno reconocimiento a la identidad cultural, y en la plena igualdad de derechos sociales, incluyendo dentro de estos el derecho a la reagrupación familiar.
Lógicamente, una política de inmigración garantista de los derechos humanos, tiene el deber de asentar las bases para romper el dualismo ciudadanos españoles frente a extranjeros, revisando los elementos clásicos y arcaicos del estatuto de ciudadanía y posibilitando la plenitud de derechos a los inmigrantes residentes.
No hacerlo, supone impedir la real y efectiva integración de las personas inmigrantes y cohesión social de la población.
Ciertamente el modelo de ciudadanía diferenciada inclusiva y plural requiere tener en cuenta que un proceso de integración no puede ser contemplado sobre la base de políticas parciales, de retórica intercultural y de proclamas de tolerancia, ni sobre la base de medidas concretas en materia de enseñanza y vivienda, sino que ineludiblemente requiere como base previa la igualdad en los derechos.
Junto a ello deben fomentarse y facilitarse todas las formas diversas de participación política, no directamente ligadas al derecho al sufragio, como las actividades sindicales y las derivadas del ejercicio de derechos diversos como el de reunión, manifestación, expresión, etc. así como el fomento a niveles estatales, autonómicos y locales de órganos consultivos integrados por asociaciones de inmigrantes y el otorgamiento de legitimación a las Asociaciones de Inmigrantes para actuar como interlocutores frente a la Administración.
Cuanto se indica no significa una defensa de las teorías de la asimilación, cuyos postulados aparecen implícitos en el discurso sustentados de las “Bases” presentados en el Congresos de los Diputados.
Por el contrario el pluralismo cultural, étnico y religioso de los inmigrantes requiere la creación de bases para una ciudadanía diferenciada o ciudadanía multicultural, lo que a su vez hace necesario el establecimiento de políticas de integración multiculturales, para así lograr que las diversas comunidades de inmigrantes puedan participar y formar parte de la vida política y social en términos de igualdad.
Ø No habrá una verdadera política de inmigración sin llevar a la práctica la cultura de la universalidad de los Derechos Humanos y es preciso llevar también esta mirada a la incipiente política migratoria que se va adoptando en la Unión Europea.
Desde el CEDEHU mantenemos el reconocimiento del Derecho Universal Humano de migración por todo nuestro planeta.
Tal posición deriva de una interpretación coherente, integral, y seria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Todo cuanto se razona o propone, tiene como objetivo, fomentar la cultura del universalismo garantista de los Derechos Humanos, y denunciar motivadamente la instrumentalización de la Inmigración, así como poner de manifiesto que la integración social de los inmigrantes no debe ser entendida como un proceso de uniformización si no de diversidad e igualdad en un marco de respeto mutuo, y de cumplimiento, por los inmigrantes, de las reglas jurídicas vigente en el Estado Español.
Por último señalar que para evitar los perniciosos efectos de la manipulación mediática, una política de inmigración digna de ese nombre habría de contener la articulación de sostenidas campañas de divulgación en todos los medios públicos y privados, de la realidad del complejo fenómeno social de la inmigración y de que los inmigrantes son seres humanos iguales a los ciudadanos españoles y merecedores del total respeto como seres humanos.
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos
Madrid, Enero 2007
